En la presentación de las conclusiones y soluciones ante las situaciones “abusivas, anticompetitivas y de deterioro” de la relación médico-paciente en el ámbito de la Medicina Privada, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo, ha reclamado “la necesidad de elaborar un Código de Buenas Prácticas en el ejercicio privado que permita mantener una relación lo más amable y lo más justa posible para los que tenemos la responsabilidad del acto médico”.

A dicho acto, celebrado de forma mixta (presencial y online) en la sede de dicha organización colegial, también asistieron el doctor Manuel Carmona, que es representante nacional de la Vocalía de Médicos en Ejercicio Privado; y José Carlos Páez, que es abogado especializado en derecho de la competencia.

Previo a la presentación del los resultados del estudio ‘Condiciones de competencia en el ejercicio privado de la Medicina‘, realizado por dicha Vocalía de la OMC en junio de 2019, Tomás Cobo explicó que “la situación de los médicos de la Medicina Privada no difiere mucho de los problemas que tenemos en el entorno de la Sanidad Pública”.

En concreto, el presidente de la OMC hizo alusión a tres ejes que “preocupan”. “El primero de ellos son los salarios; el segundo es la precariedad laboral que padecemos en los dos ámbitos; y el tercero es la formación médica continuada”, detalló.

Formación médica continuada

Respecto a la precariedad laboral en ambos ámbitos de los profesionales médicos “ronda en torno al 50 por ciento”, señaló Cobo, a la vez que recordó que “si comparamos los salarios de los médicos en España son alrededor de dos veces inferiores a cualquiera de nuestros colegas en Europa”.

“La formación médica continuada para los profesionales médicos es clave, es esencial. Nuestra labor es asistencial pero para poder desarrollar esa labor con plena seguridad, necesitamos tener una formación médica actualizada y acreditada en el entorno internacional”, destacó el máximo representante esta esta organización colegial.

Con estos planteamientos sobre la mesa, Manuel Carmona presentó el estudio referido anteriormente de 2019, donde se identifican los problemas que tienen los médicos en el ejercicio libre de la profesión mediante una encuesta realizada a 1.410 colegiados. Entre ellos, se pone de manifiesto que el 40 por ciento de los médicos trabajó con una compañía sin contrato y que al 23,1 por ciento se le rescindió el contrato sin causas atribuibles a su ejercicio médico.

Además, este estudio refleja las conductas abusivas a las que son sometidos los profesionales sanitarios de la Medicina Privada, los obstáculos con los que se encuentran en el ejercicio de su profesión, los problemas de gestión de actos médicos, los baremos y la selección de pacientes.

Soluciones jurídicas

Según los resultados de dicho trabajo, “la relación entre facultativos médicos, por un lado, y compañías aseguradoras y grupos hospitalarios, por otro, se ha deteriorado enormemente”. “Este deterioro habría sido en claro perjuicio de los médicos dedicados a la actividad privada –en particular, frente al médico que ejerce en su consulta individual– y ello como consecuencia de comportamientos por parte de aseguradoras y grupos hospitalarios propios de operadores dominantes”, muestra el estudio.

Ante este panorama, José Carlos Páez procedió a explicar la segunda parte de este trabajo que consiste en la identificación de las prácticas “potencialmente anticompetitivas, el análisis de su compatibilidad con las normativa de defensa de la competencia española y de la Unión Europea (UE) y la propuesta de soluciones jurídicas, que incluyen no sólo acciones de los facultativos que ejercen la Medicina Privada y las organizaciones que los representan sino también de
éstos en cooperación con aseguradoras médicas y grupos hospitalarios”.

El abogado especializado en derecho de la competencia planteó como propuesta de soluciones jurídicas, tanto individuales como de conjunto, el cese de las prácticas anticompetitivas o desleales que se atribuyen a las aseguradoras médicas, reequilibrio de poder de negociación entre los facultativos y las aseguradoras, y la compensación por los perjuicios causados.

Para llevar a cabo este objetivo, Páez argumentó como acción “preparar y presentar una denuncia ante la autoridad nacional o autoridades autonómicas de defensa de la competencia”; “preparar e interponer reclamaciones judiciales ante los Juzgados de lo Mercantil”; y “entrega de conclusiones de las fases I y II a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y consiguiente solicitud de para llevar a cabo una investigación en el sector”.

Compatibilizar pensión y rendimientos del trabajo

Entre las propuestas planteadas en este segundo estudio jurídico, el letrado se refirió a la necesidad de detección de oficio de prácticas por las autoridades competentes o por una entidad independiente con capacidad de arbitraje y denuncia; códigos de conducta como mecanismos de corrección de la competencia desleal; fijación por adelantado y por escrito de las condiciones contractuales; creación de distintos grupos de tarifa por acto médico; y agruparse en estructuras que mejoren el poder de negociación.

Por otro lado y en este mismo acto, el presidente de la anunció que “desde el 5 de mayo, todos los médicos jubilados que presten servicio en la lucha frente a la Covid-19 podrán compatibilizar su pensión con los rendimientos del trabajo que realizan”, tras un cambio normativo solicitado por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por esta organización colegial.

Este cambio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado miércoles, 5 de mayo, se produce tras una petición expresa de la corporación médica a Carolina Darias, remitida en forma de misiva el pasado mes de marzo con base en un informe de los Servicios Jurídicos de la OMC.

Necesidad de personal sanitario

Para Cobo, “la necesidad de personal sanitario continuará siendo una realidad en tanto se prolongue la situación de crisis sanitaria, independientemente de que se encuentre declarado el Estado de Alarma, por lo que resulta imprescindible facilitar a las administraciones públicas la contratación de dicho personal”.

“Por ello, consideramos necesario mantener la vigencia de la medida relativa a la posibilidad de que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de autonomía, permitiendo la compatibilidad de la jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a percibir, con el fin de garantizar la incorporación del personal sanitario jubilado a los servicios públicos de salud”, subrayó el presidente de la OMC.