Un informe de los servicios sociales confirma la cronificación de la pobreza

Ana I. Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, presenta el informe

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima Fernández, presentó unos resultados que desvelan que el Estado ha reducido en los últimos tres años un 62 por ciento su aportación a estos servicios; apuntando a que es una situación que se produce justo en el momento en el que más ha crecido la demanda de los mismos.

 

El informe se ha basado en una encuesta realizada a 1.361 trabajadores sociales colegiados, distribuidos por las 17 CCAA. La realización del trabajo de campo abarcó los meses de mayo, junio y primeros días de julio del presente año. Una de las grandes virtudes del informe es el estar realizado por personas que viven el día a día de la asistencia en España, lo que le otorga, además, una gran credibilidad y fiabilidad.

El rigor de un informe con vocación de futuro

 

Fue este precisamente uno de los valores que resaltó Ana I. Lima, junto con la información de que es la primera vez que se abarca tal cantidad de datos a nivel estatal. También situó al informe como una respuesta de los 40.000 profesionales que trabajan en este sector. Por ello lo valoró como un informe con proyección de futuro que pretenden llevar a cabo cada año.

 

Uno de los primeros datos a resaltar es la tendencia a la privatización de estos servicios y los recortes "que vienen a empobrecer a la clase media y a hacer a los ricos más ricos". Por ello, hablando en nombre del colectivo, defendió el sistema público "como si fuera algo nuestro". Como dato resaltó que el 86,8 de la titularidad del organismo en el que trabajan es pública y que tan solo un 3,4 por ciento desarrolla su labor en un centro de gestión privada, aunque de titularidad pública.

 

Matizó que esas cifras no responden a una situación homogénea, ya que la atención en residencia "con una mayor lógica de mercado y donde se puede hacer negocio" el sector privado ocupa más de un 43 por ciento.

Una actividad no sujeta a mercantilismo

 

Por ello, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social reiteró que la profesión estaba en contra de esta tendencia puesto que su actividad no debe ser objeto de mercantilismo. Mostró su desacuerdo con el nuevo proyecto de ley de Administraciones Locales, actualmente en tramitación, que desposee a los ayuntamientos de su labor social en pro de "unas comunidades autónomas arruinadas". Reconoció que hacía falta una reforma de lo local, aunque subrayó que "esta Reforma Local no nos gusta" y basó la afirmación en que viene a reducir aún más las prestaciones y a que solo sobrevivirá a ella una estructura social mínima. Según la presidenta del CGTS, la filosofía que rige el nuevo modelo es que "el que tenga dinero pague por los servicios y el que no que vaya a la caridad. Lo que desmantela el sistema", concluyó.

 

Los empleados más jóvenes, a la gestión privada

 

Una cifra que mostró como significativa es que los empleados sociales de 36 años o menos ya suponen un 20,3 por ciento en el sector de gestión privada, mientras que los de más de 36 años solo son algo más del 7 por ciento. Concretó la rebaja de los servicios sociales en un 36 por ciento en los presupuestos de 2014, circunstancia que consideró como un ataque frontal "que hace que no solo peligre la calidad, sino también la universalidad". Por ello habló de "quiebre del sistema".

 

Entre las comparativas entre CCAA hay que destacar la disminución del número de empleados en Murcia, que bate el record con un 52,5 por ciento, seguida de las Islas Canarias y de Castilla La Mancha; mientras que el aumento de la demanda asistencial aumentó un 100 por cien en Baleares; un 94 por ciento en Navarra y casi un 81 por ciento en Madrid. Por ello Ana I. Lima habló de "profesionales agobiados" y de que se da la circunstancia de que a veces los recursos son ellos mismos, ayudando en lo que pueden y, sobre todo, percibiendo, a veces, un enorme sufrimiento. Admitió que los servicios prestados en la actualidad tienen una menor calidad debido precisamente a la falta de recursos.

 

Otro de los datos que desvela el informe es que las mayores cargas de trabajo se perciben en "información y valoración", "intervención y apoyo familiar" e "intervención y protección de menores". Afirmó que hay una gran preocupación por la extensión de la pobreza y la exclusión y denunció el enorme recorte que se ha producido en dependencia. Confesó no haber vivido momentos peores como los presentes, pese a que la ciudadanía cada vez valora más el trabajo social.

 

Una obligación estatal

 

Ana I. Lima

La presidenta de CGTS mencionó que cada vez se habla más de la labor de Cáritas y de Cruz Roja y, aunque reconoció que realizan una gran tarea, la responsabilidad mayor y la obligación de la labor social es del Estado, apuntó. Apreció que esa falta de visibilidad de la labor que se está haciendo puede que no sea casual, puesto que conjeturó que es más fácil desmantelar un servicio que muchas veces el ciudadano no conoce hasta que lo necesita, que un servicio reconocido por todos. En cuanto a lo que más solicitan los ciudadanos de los servicios sociales señaló las ayudas económicas, la solicitud de información y orientación, así como la solicitud de todo tipo de ayudas.