El Tribunal de Cuentas ha aprobado cinco informes de fiscalización, tres de ellos relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que hacen referencia a ayudas y otorgamientos de avales concedidos por el Estado en 2020 y se suman a los informes ya aprobados o en tramitación sobre la fiscalización de los contratos de emergencia.
El Pleno aprobó el Informe de 'Fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada de Covid-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración sociolaboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020'. Este ofrece un análisis global y estima que el impacto en las arcas de la Seguridad Social ascendió a 28.810 millones de euros en el año analizado.
El 66,7 por ciento de estas ayudas, es decir, más de 19.200 millones de euros, se destinaron a las empresas en situación de ERTE y las prestaciones contributivas por desempleo, a sus trabajadores afectados. Las prestaciones otorgadas a los trabajadores por cuenta propia alcanzaron los 7.182 millones, el 24,9 por ciento del total, seguidas por las de protección social a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal (IT) por la Covid-19, que suman 1.694 millones, un 5,9 por ciento del conjunto. El resto de las medidas alcanzaron los 723 millones, representando el 2,5 por ciento del impacto económico de la crisis sanitaria en el ámbito de la administración sociolaboral y de la Seguridad Social.